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El 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso al poder, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modificó rápidamente las políticas del sistema penitenciario federal.
La directiva ordenó a la Federal Bureau of Prisons alojar a los reclusos estrictamente según su sexo biológico. Esto implicaba que las mujeres transgénero serían enviadas a prisiones de hombres y los hombres transgénero a instalaciones femeninas. Además, la orden bloqueó la financiación federal para la atención médica de afirmación de género, incluida la terapia hormonal.
Los partidarios defendieron la medida como una forma de proteger a las mujeres bajo custodia y restaurar lo que consideran “sentido común”. También destacaron que la población transgénero representa una pequeña parte del total de reclusos.
Por otro lado, críticos señalaron que la política ignora riesgos reales y necesidades médicas. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó mayores tasas de victimización. El juez Royce Lamberth cuestionó partes de la medida, y el caso sigue en disputa.
