Estados Unidos declara control provisional sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, lo que genera alarma mundial sobre la soberanía, el derecho internacional, la estabilidad regional, la política energética y las consecuencias a largo plazo de la intervención del régimen más heterodoxo de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El anuncio de que Estados Unidos había capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y asumiría temporalmente la administración del país sacudió la política global. Expresada con tono directo por el presidente Donald Trump, la declaración marcó un giro drástico respecto a años de sanciones y presión diplomática, avanzando hacia una intervención abierta en un Estado soberano. Aunque el gobierno de Maduro ha sido ampliamente condenado por autoritarismo y colapso económico, el método elegido por Washington desató de inmediato debates sobre legalidad, precedentes y abuso de poder.

Desde la perspectiva estadounidense, la operación fue presentada como una acción de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico. Funcionarios citaron presuntos vínculos del entorno de Maduro con el crimen organizado, intentando enmarcar la captura como una medida de cumplimiento de la ley y no como un cambio de régimen. Sin embargo, los ataques aéreos y el anuncio de una administración interina estadounidense difuminan esa distinción y plantean serias dudas bajo el derecho internacional.

La ausencia de un mandato claro de la ONU complica cualquier reclamo de legitimidad. A nivel regional, la medida amenaza con agravar la inestabilidad en América Latina, donde la crisis venezolana ya ha desplazado a millones. A escala global, potencias rivales podrían explotar el precedente, mientras aliados enfrentan silencios incómodos. Al final, el juicio recaerá en si Estados Unidos logra restaurar la soberanía venezolana o simplemente sustituye una forma de control por otra.