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Un supuesto documento filtrado durante una audiencia judicial desató una tormenta política en Venezuela al afirmar que Nicolás Maduro habría nacido en Ocaña, Colombia. Lo que parecía una sesión rutinaria terminó en tensión, con abogados discutiendo, jueces sorprendidos y versiones contradictorias sobre archivos sellados, pasaportes y partidas de nacimiento.
Mientras tanto, figuras del oficialismo evaluaban el impacto que tendría la pérdida de inmunidad del mandatario, temiendo un colapso interno. En Caracas, el ambiente se volvió incierto: reuniones de emergencia, estrategias para contener el escándalo y temor a repercusiones internacionales.
Desde la oposición, voces aprovecharon el momento para exigir cambios políticos, convocando movilizaciones y señalando que la revelación podría marcar un punto de quiebre histórico.
El gobierno rechazó las acusaciones y habló de conspiración externa, insistiendo en defender su legitimidad. Sin embargo, la incertidumbre creció tanto dentro como fuera del país, alimentando rumores, protestas y especulación diplomática.
La polémica dejó claro que el caso ya no era solo legal, sino político y simbólico, con potencial de redefinir el futuro del país.
